Callejón Informativo / 01 de Abril 2015

Callejón Informativo

Por: José Alam Chávez Jacobo

 

• Reedita LIX Legislatura Ley de Ebrard que reguló el uso de la fuerza pública
• Prácticamente copió dos artículos claves en cuanto a protestas, concentraciones masivas y actuación de cuerpos de seguridad ante tales acontecimientos
• La ley de Eruviel y la del progresista Ebrard incluyeron el uso de armas de fuego y dispositivos que generan descargas eléctricas
• En aquel momento el PRD era gobierno y MORENA no existía por eso nadie criticó
• Son tiempos de coincidir en el Estado: Manzur
• Quiere Fernando Díaz ser Magistrado del Poder Judicial
• Lucen buena coordinación GEM y alcaldía de Capulhuac

 

Prácticamente las dos fuerzas de izquierda más relevantes de la entidad, así como el Ejecutivo y la LIX Legislatura Local dejaron en manos del Ombudsman del país el futuro de la recién aprobada Ley que regula el uso de la Fuerza Pública, la cual por cierto se parece a una similar promulgada en Abril del 2008 por el entonces Jefe de Gobierno Capitalino, Marcelo Ebrard Casaubón.

 

Tanto el gobernador Eruviel Ávila Villegas como Cruz Juvenal Roa Sánchez, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura, señalaron que esta Ley da respuesta a recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para regular el uso de la Fuerza Pública. En las últimas horas enviaron un documento a Raúl González Pérez, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), donde le solicitan revisar la Ley y determinar si vulnera los derechos humanos de la habitantes; el documento es firmado por Eruviel Ávila y Cruz Roa.

 

Pero los primeros en levantar la voz ante la medida fue la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ganándole terreno al Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuyos legisladores votaron fraccionados, algunos a favor y otro tanto simplemente se ausentó de la sesión plenaria correspondiente.

 

Ante ello expresó su rechazo a la decisión el Comité Ejecutivo Nacional; en primer lugar porque MORENA dejó en claro que tomaría este tema como bandera política en el estado de México y en segundo lugar porque hizo suyo el asunto Paloma Castañón Hernández, la secretaria de Derechos Humanos.

 

Las únicas dirigencias que desdeñaron el asunto fueron las de Acción Nacional (PAN), donde diputados como Raymundo Guzmán Corroviñas defienden públicamente la medida impulsada por el Revolucionario Institucional (PRI), misma que fue avalada por sus aliados en la Cámara de Diputados: Partido Verde, Nueva Alianza, Encuentro Social y Movimiento Ciudadano.

 

La postura de Movimiento Ciudadano podría atender a que se trata de una iniciativa similar a la que impulsó en su momento Marcelo Ebrard, que de manera extraña olvida el PRD y gente de MORENA que la conocen a la perfección como Martí Batres Guadarrama, quien fue miembro de ese gabinete del 5 de Diciembre del 2016 al 6 de Diciembre del 2011.

 

El gobierno de Ebrard publicó el 22 de Abril del 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito

Federal el decreto por el que se expidió la Ley que regula el uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública que contemplaba el uso de armas de fuego, armas incapacitantes no letales y letales, además consideraba en esta a las policías preventiva, complementaria y judicial.

 

La Ley del progresista Marcelo Ebrard permitía el uso por parte de las fuerzas públicas de armas incapacitantes no letales como bastón PR24, tolete o equivalente, dispositivos que generan descargas eléctricas, esposas, candados de mano, sustancias irritantes en aerosol y armas de fuego, precisamente elementos que se critican en la recién aprobada por los legisladores mexiquenses.

 

Prácticamente el ordenamiento aprobado por la LIX Legislatura copió el artículo 25 de la Ley de Ebrard que a la letra decía: “se considera que una manifestación es violenta cuando el grupo de personas de que se trata se encuentra armando o bien en la petición o protesta que se realiza ante la autoridad, se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que deseen, se provoca la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana”.

 

Luego el artículo 26 señalaba que: “los cuerpos de seguridad pública inmediatamente a que tengan conocimiento de la realización de una manifestación en lugares públicos planearán con la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal los operativos necesarios para garantizar el ejercicio de este derecho, para proteger los derechos de terceros y para reaccionar adecuadamente en caso de que la manifestación se torne violenta”.

 

En la Ley que regula el uso de la Fuerza Pública en el estado de México se estableció que “los elementos podrán emplear la fuerza en el control de multitudes y disturbios públicos, para restablecer el orden y la paz social, con el fin de evitar actos de violencia, daños a terceros, propiedades y la integridad física de las personas”.

 

Precisó que “respetarán el ejercicio del derecho de asociación y reunión de las personas siempre que este se efectúe en los términos previstos por el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

 

Los artículos 15 y 17 son casi una copia de la Ley del DF. “Artículo 15: Cuando en una Asamblea o reunión las personas se encuentren armadas o la petición o protesta ante la autoridad se exprese con amenazas para intimidar u obligar a resolver en un sentido determinado, se considerará que dicha Asamblea o reunión es ilegal y se procederá de conformidad con lo dispuesto por la Ley”.

 

“Artículo 17: Siempre que los elementos tengan conocimiento que un grupo de personas ejercerán su derecho de asociación y reunión en lugares públicos harán una planeación para proteger el ejercicio de dicho derecho, el de terceros y en su caso reaccionar en caso que la reunión se torne ilegal”.

 

Es evidente que los artículos 25 y 26 de la Ley del Distrito Federal son muy similares con los 15 y 17 de la correspondiente al estado de México, sin embargo en aquella fecha el perredismo era gobierno en la capital y MORENA no existía, por eso nadie levantó la voz para cuestionar el hecho de que se especificara que ante cualquier manifestación o concentración en sitios públicos debía tener conocimiento la Secretaría de Gobierno a fin de iniciar operativos al respecto.

 

Atajos

 

Por el centro: El secretario General de Gobierno, José Manzur Quiroga, tomó la protesta de ley de Ángel Melo Rojas como presidente Municipal de Chiautla, acto en el cual ratificó que son tiempos de coincidir, pues quedaron atrás los de la competencia electoral.

Manzur dijo que los habitantes esperan que sus gobernantes sean ejemplo de honestidad, transparencia y vocación de servicio.

 

Por el centro2: Todo parece indicar que el titular de la COPRISEM, Fernando Díaz Juárez, participa en los procedimientos de concurso para convertirse en Magistrado del Poder Judicial del Estado de México, con el impulso de su jefe político, Humberto Benítez Treviño, aunque sin duda se trata de un caso más que molestará a quienes siempre defienden la carrera judicial.

Díaz Juárez creció a la sombra de Benítez Treviño, a quien acompañó hasta la titularidad de la Procuraduría Federal del Consumidor, de donde salieron con la crisis mediática generada por una de las hijas del también ex secretario general de Gobierno en el caso conocido como “La Lady de Profeco”. Ante esa caída fue recomendado para ocupar la titularidad de COPRISEM en la Secretaría de Salud mexiquense.

 

Por la izquierda: El alcalde de Capulhuac, Eduardo Neri, logró una buena coordinación con Heriberto Ortega Ramírez, el secretario de Desarrollo Agropecuario, quien además es el encargado de la Región, al menos así lo indica la constante presencia del funcionario estatal en esta demarcación, firmando acuerdos y respaldo al político perredista. El presidente Municipal ha sabido actuar sin tintes partidistas, lo que le ayudó a tener el respaldo del gobierno de Eruviel Ávila Villegas en temas claves.