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CONTRASTANDO IDEAS

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Partidos políticos que perdieron su registro, fueron víctimas de la delincuencia e inequidad institucional.

Por Dr. Julio Jiménez Martínez

contrastandoideas@yahoo.com.mx

En el marco de los malos resultados para los partidos de nueva creación en el pasado proceso electoral del 6 de junio del 2021, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad la declaratoria de pérdida de registro de los Partidos Políticos Nacionales, Encuentro Solidario, Fuerza Por México y Redes Sociales Progresistas, al no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida en la elección federal ordinaria celebrada el 6 de junio de 2021.

Es fundamental considerar que los partidos políticos surgen como una expresión democrática y un derecho fundamental que fortalece la representación política, que se materializa con la participación de los ciudadanos en la integración de organizaciones partidistas, pero de igual forma, se extinguen por el ejercicio de otro derecho constitucional que consolida la voluntad democrática con el sufragio directo de los ciudadanos.

Sin embargo, las amenazas por parte de grupos de la delincuencia organizada, los abusos e ilegalidades que surgieron durante el pasado proceso electoral federal, constituyeron un escenario muy complejo para los partidos de nueva creación, como Redes Sociales Progresistas; por lo tanto, las determinaciones del arbitro electoral deben aplicar criterios de justicia electoral ajustados a la realidad de cada una de las nuevas fuerzas políticas emergentes, que han enfrentado difíciles obstáculos; por lo tanto, ameritan un criterio más justo y proporcional a la realidad de cada agrupación partidista.

Por tal motivo, los partidos políticos recientemente expulsados del tablero político-electoral, impugnarán la resolución del INE, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que se haga un análisis más profundo y objetivo, que vaya más allá de la simple aritmética del número de votos o un porcentaje que depende del número de electores registrados en el padrón nacional electoral.

Los partidos políticos sancionados (sin registro) en conjunto representan casi el seis por ciento del padrón nacional electoral, ya que son producto de legítimos  movimientos sociales que fueron superados por la compra de votos, la violencia , inseguridad y las amenazas de grupos de la delincuencia organizada  que secuestro la voluntad democrática de millones de ciudadanos para que votaran por  candidatos predeterminados por la delincuencia electoral en un ambiente lleno de incertidumbre, y  asedio por la pandemia del Covid-19, que obligo a ajustar los plazos y presupuestos para las campañas; definiendo las audiencias y reduciendo al extremo las posibilidades de participación democrática de los partidos emergentes que enfrentaron circunstancias inequitativas, desproporcionadas e injustas en comparación con el proceso electoral del 2015,  en el que los partidos de nueva creación, contaron con casi el doble de tiempo para constituirse, cinco meses más de prerrogativas y múltiples formas de comunicación y propaganda; ya que tuvieron que cumplir criterios menores en su constitución y el 1.5 por ciento de  votación para conservar su registro.

Por tal motivo, José Fernando González Sánchez, líder nacional de Redes Sociales Progresistas, solicitará al Poder Judicial de la Federación,  un análisis jurídico-electoral más profundo, en el que se tomen en consideración  las graves circunstancias del injusto y poco democrático método aritmético que vulnera el derecho de participación de los partidos emergentes; ya que se trata de una serie de requisitos, formalidades y plazos extraordinarios, que hacen materialmente imposible la subsistencia de nuevos participantes dentro de la democracia mexicana.

La dirigencia nacional de Redes Sociales Progresistas, hizo pública su preocupación y descontento ante  las enrarecidas condiciones sociales y políticas que jugaron un papel determinante en los resultados electorales, que beneficiaron los interéses de la delincuencia organizada, sometiendo los legítimos interéses de los mexicanos a merced de un nuevo cártel conocido como “delincuencia político-electoral”; lamentablemente, no hay evidencia de que está circunstancia pueda cambiar en el corto plazo, pero si apunta a convertirse en una franca amenaza para la democracia mexicana; ya que los partidos de reciente creación, fueron víctimas de la aplicación de criterios convencionales, que los condenaron de manera injusta e inequitativa. 

En la opinión de José Fernando González Sánchez, presidente nacional del partido «Redes Sociales Progresistas»  señaló que en términos de los artículos 1º, 9º, 35, 41, 51, 52, 53 y 54 constitucionales, presentó una declaratoria con sólidos argumentos en la que  se expusieron 14 razones sustentadas en hechos contundentes, por los cuales RSP, se encontró en una clara desventaja, bajo circunstancias de inseguridad (amenazas a candidatos) e inequidad institucional,  frente al resto de los partidos contendientes, entre las que se destacan:  la reducción y entrega retrasada del financiamiento público, el retraso en la emisión de la resolución por la que se concedió el registro al partido político  Redes Sociales Progresistas «RSP»  como partido y la participación ilegal de los influencers del Partido Verde Ecologista de México.

En conclusión, los mexicanos seguiremos siendo víctimas de la inoperancia e improcedencia de un modelo de votación desproporcionado, injusto e inequitativo que violenta los derechos humanos y políticos de los mexicanos para participar en los procesos democráticos; ya que el injusto e inequitativo modelo vigente, no debe seguirse utilizando como base jurídica o justificación institucional para determinar la pérdida del registro de un partido político nacional.

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