BUSCA MORENA EVITAR APOYO EXTERIOR A OPOSICIÓN

Todo parece indicar que #morena ve riesgos de que grupos externos busquen respaldar a la oposición para cambiar la configuración política y legislativa de México, a través de las urnas, en 2027.

El coordinador de la bancada en la LXII Legislatura Federal Ricardo Monreal A. anunció una iniciativa de reforma constitucional para establecer la intervención extranjera como una causal explícita de nulidad electoral.

La propuesta, que busca modificar el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se complementa con un paquete de reformas secundarias para actualizar las reglas del juego en la impugnación de votos.

El blindaje del artículo 41: Freno a la injerencia externa
La iniciativa principal de Monreal Ávila responde a la creciente preocupación global sobre cómo agentes, gobiernos o financiamientos del exterior pueden sesgar la voluntad popular a través de campañas de desinformación, hackeos o flujos ilícitos de dinero.

De aprobarse, la Constitución mexicana reconocerá formalmente que cualquier intervención extranjera acreditada y determinante en un proceso electoral será motivo suficiente para anular la elección.

Actualmente, el artículo 41 constitucional ya contempla la nulidad por violaciones graves, dolosas y determinantes (como el exceso de gastos de campaña o la compra de cobertura informativa).

Esta reforma añadiría la «intervención extranjera» como una categoría específica y de seguridad nacional.

Monreal presentó otra iniciativa para reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El objetivo es actualizar y adecuar el catálogo de causales por las cuales se puede anular la votación tanto en una casilla en específico como en las elecciones federales completas (Presidencia, Senadurías y Diputaciones).

Ambas iniciativas serán turnadas a las comisiones dictaminadoras de la Cámara de Diputados para su análisis y debate.

Al tratarse de una reforma constitucional (en el caso del artículo 41), el proyecto requerirá de una mayoría calificada (dos terceras partes de los legisladores presentes) tanto en San Lázaro como en el Senado, además de la aprobación de la mayoría de los congresos locales, para poder convertirse en una realidad.