Callejón Informativo / 07 de Julio 2026

Callejón Informativo 

Por: José Alam Chávez Jacobo 

• Congreso mexiquense alista periodo extraordinario 
• Reformas para aplazar la elección de jueces y magistraturas hasta 2028
• Quienes concluyen en 2027 ahora terminarán funciones en 2028
• Encuesta posiciona al PAN con el 52% de las preferencias electorales en Huixquilucan
• Aprueban por unanimidad el 12 de julio como el Día Estatal de la Reforestación
• El PRI mexiquense lanza la red  «Defensores del Estado de México» 
• Propone Octavio Martínez regular los arrendamientos de oficinas públicas para evitar avalúos simulados y sobreprecios.

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de México prepara otro periodo extraordinario, cuyo tema fundamental será la reforma al Poder Judicial local. Para ello se aprobarán reformas constitucionales para armonizar el marco legal del Estado de México con la reforma judicial federal, cuyos transitorios establecen ampliar de 2027 a 2028 el fin del periodo de quienes concluyen sus cargos el siguiente año, cuando estaba programada la elección en las urnas.

Para evitar vacíos de poder o parálisis operativas, se establece que aquellas personas juzgadoras cuyo encargo concluía en 2027 permanecerán en funciones un año más, entregando la estafeta hasta que los ganadores de la elección de 2028 rindan protesta.

Sin embargo, el texto introduce una exclusión notable: este beneficio de permanencia no alcanzará a quienes ocupen la presidencia del Tribunal Superior de Justicia ni la presidencia del Tribunal de Disciplina Judicial al momento en que entre en vigor el decreto. Mensaje político claro en la cúpula de la impartición de justicia.

A la fecha, se conoce que al menos la mitad de las entidades federativas (16 estados reportados desde el inicio del proceso) optaron por acelerar sus armonizaciones para celebrar comicios locales de manera anticipada.

Al postergar el proceso hasta 2028 para hacerlo coincidir con la elección judicial federal, los legisladores locales apuestan por dar un margen de maniobra indispensable a las autoridades electorales del estado, buscando que el rediseño territorial y la organización de un proceso inédito ocurran de forma ordenada y sin parálisis en los tribunales.

Bajo la conducción de Paco Vázquez, también presidente de la Junta de Coordinación Política, la bancada mayoritaria ha puesto las cartas sobre la mesa con una iniciativa que busca algo más que una simple copia de la reforma federal; pretende reformas necesarias.

El fondo de la propuesta radica en la necesidad de armonizar la Constitución mexiquense con el mandato federal de elegir a jueces y magistrados por la vía del voto popular en 2028, separando esta de la contienda electoral del 2027, donde se elegirán 17 gubernaturas, el Congreso de la Unión, congresos locales y miembros de ayuntamientos en Edomex y otras entidades.

Para blindar el proceso de las críticas que acusan una posible politización extrema, el diseño institucional propuesto añade filtros técnicos rigurosos. Destaca la creación de una Comisión Coordinadora que agrupará a los comités de evaluación de los tres poderes del Estado, encargada de unificar criterios, aplicar exámenes de conocimiento y depurar las listas de aspirantes mediante tómbolas públicas que aseguren la paridad de género antes de enviar las propuestas definitivas al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

El reto operativo que se le viene al IEEM no es menor. Deberá rediseñar el mapa de la entidad en regiones y distritos judiciales electorales para garantizar que cada ciudadano reciba una boleta clara, donde se identifique la especialidad de la judicatura en juego y el poder que la postula.

Ahora bien, con convocatorias que deberán emitirse a más tardar el 30 de abril del año anterior a los comicios, la iniciativa busca dar el margen indispensable para que la transición sea transitable. La próxima semana, cuando el Pleno legislativo someta a votación este andamiaje, el Estado de México iniciará formalmente la ruta crítica para reconfigurar el rostro de su justicia.

Estemos atentos.

Atajos

Por la derecha: El Partido Acción Nacional (PAN) se consolida a la cabeza de las preferencias electorales en el municipio de Huixquilucan, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta sobre la intención de voto para la presidencia municipal.

Ante la pregunta de por cuál partido votarían los ciudadanos si hoy fueran las elecciones, el PAN encabeza la medición con un 52% de los apoyos, posicionando a Enrique Vargas como líder en preferencia electoral bajo el respaldo del proyecto local.

En un lejano segundo lugar se ubica morena con el 24% de la intención de voto, seguido por el PRI con un 9%. Más abajo en el muestreo aparecen el Partido Verde con un 5%, Movimiento Ciudadano con el 3%, mientras que la opción «Otro» registra un 2% y un 5% de los encuestados optó por no responder o no ha decidido su voto (NS/NC).

Por la izquierda: El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad la iniciativa propuesta por la diputada local Vanessa Linares Zetina para establecer formalmente el 12 de julio como el Día Estatal de la Reforestación en la entidad. La medida busca incentivar la preservación de las zonas boscosas y promover la participación ciudadana a través de jornadas simultáneas de siembra de árboles en los 125 municipios mexiquenses de manera anual.

Durante la presentación de la iniciativa, la legisladora señaló que esta fecha conmemorativa también rinde homenaje a la memoria de su padre y defensor ambiental, Félix Alberto Linares, quien fuera un activo defensor ambiental en el corredor Chichinautzin y la región de Amecameca en la lucha contra la deforestación y la tala ilegal.

Al fundamentar la relevancia de la propuesta, Vanessa Linares expuso que la pérdida de masa forestal debido a la tala clandestina compromete gravemente la captación de agua en los mantos acuíferos que abastecen al Estado de México, la Ciudad de México y Morelos.

Finalmente, la diputada informó que, como parte de la agenda legislativa de la bancada del Partido Verde, se promueve formalmente la creación de una Fiscalía Especializada para la Protección de los Bosques.

Por el centro: El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México presentó la Convocatoria Defensores del Estado de México, una iniciativa dirigida a militantes, simpatizantes y ciudadanos sin partido con el fin de establecer una red organizativa permanente en los 125 municipios, 45 distritos locales y 40 distritos federales de la entidad.

La presidenta del comité y senadora, Cristina Ruiz Sandoval, explicó que la misión de esta red será recorrer el territorio, escuchar las demandas ciudadanas y fortalecer la participación social.

El periodo de recepción de solicitudes se estableció del 30 de junio al 9 de julio en los Comités Municipales y en la sede estatal de Toluca. Tras el cierre del registro, los aspirantes pasarán por un proceso de validación, integración y capacitación, además de la firma de una carta compromiso para garantizar que su actuación se apegue a la legalidad y a la normativa electoral vigente.

De acuerdo con el plan de trabajo presentado, los integrantes de esta red impulsarán recorridos comunitarios, asambleas vecinales y foros enfocados en temas de seguridad y economía. Asimismo, el partido informó que se brindará acompañamiento social en problemáticas locales relacionadas con el acceso al agua, extorsiones y la búsqueda de personas desaparecidas, aclarando que estas actividades se realizarán dentro del marco legal y sin sustituir las funciones de las autoridades correspondientes.

Por la izquierda2: Con el propósito de mitigar la discrecionalidad, optimizar el uso de los recursos públicos y asegurar instalaciones dignas para las dependencias oficiales, el diputado Octavio Martínez Vargas, integrante del Grupo Parlamentario de morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Contratación Pública del Estado de México.

La propuesta busca regular de manera estricta los procedimientos de arrendamiento de inmuebles utilizados como oficinas públicas, tanto a nivel estatal como municipal. El legislador argumentó que el gasto en rentas se ha transformado en una carga financiera que merma los fondos destinados a sectores prioritarios como la infraestructura, los programas sociales, la seguridad, la salud y los servicios públicos. El origen de este problema, señaló, radica en el pago de costos excesivos respaldados por avalúos simulados o carentes de rigor técnico.

Octavio Martínez aclaró que la reforma no pretende intervenir en el mercado inmobiliario privado, sino fijar lineamientos transparentes para que las contrataciones gubernamentales se rijan bajo principios de austeridad, eficiencia y responsabilidad en el presupuesto.

De aprobarse la reforma, los procesos de arrendamiento no solo evaluarán el factor económico, sino que obligatoriamente considerarán criterios de sustentabilidad, eficiencia energética, accesibilidad, mantenimiento y seguridad estructural.