Callejón Informativo / 20 de Agosto 2026

Callejón Informativo

Por: José Alam Chávez Jacobo

• Propone PJEM modelo de subsidiaridad para pensiones alimenticias
• Convertir deuda alimentaria en crédito fiscal ejecutable
• Presentan Alianza Pro-Bono para asistencia jurídica gratuita en el EDOMEX
• Busca Higinio Martínez presidir la Mesa Directiva del Senado

A menos de un mes de cumplir un año de funciones al frente del Poder Judicial del Estado de México, el Presidente del Tribunal Superior, Héctor Macedo García, encabezó la presentación del Programa Alianza Pro-Bono junto a barras y colegios de abogados de la entidad. En ese marco, Macedo —quien conoce a fondo la materia tras años de trayectoria como magistrado civil— lanzó una propuesta de fondo para atacar de raíz la morosidad en las pensiones alimenticias: adecuar los marcos legales para pasar de un esquema meramente punitivo a un modelo de subsidiaridad civil y familiar.

La visión expuesta por el titular del PJEM parte de un diagnóstico crudo. La vulnerabilidad de mujeres y menores no depende únicamente de su condición socioeconómica, sino de la imposibilidad técnica y legal que enfrentan los juzgados familiares para rastrear los ingresos reales de deudores que simulan insolvencia u ocultan su patrimonio.

Esta conducta, recurrente en todos los estratos sociales e incluso en el ámbito político, mantiene sobrecargados a los tribunales mexiquenses por la saturación de litigios derivados del incumplimiento intencional y la complejidad para ejecutar sentencias.

Ante este panorama, la ruta planteada por Macedo García busca reconfigurar el papel de la autoridad. Pasar al modelo de subsidiaridad civil y familiar, el Estado asume la manutención inmediata de niñas, niños y mujeres mediante programas públicos para cubrir sus necesidades vitales sin demoras.

En tanto, la suma adeudada por el deudor alimentario se transforma en un crédito fiscal administrado directamente por el Estado. De esta manera, el erario público absorbe la facultad ejecutiva de cobro, liberando a las víctimas del desgaste legal, emocional y financiero que implica perseguir el pago en los juzgados.

A pesar de la trascendencia del planteamiento, un modelo de esta naturaleza no se aplica actualmente en ningún estado del país. Transformar una obligación civil entre particulares en una deuda con la hacienda pública exige cambios estructurales que van más allá de la voluntad judicial.

Para ello se requiere la creación de un fondo público con suficiencia presupuestaria para adelantar las pensiones sin desequilibrar las finanzas estatales, además de establecer reglas de operación claras para la recuperación de la cartera vencida.

Resultaría indispensable modificar los Códigos Civiles y Procesales Civiles para permitir la subrogación de derechos del acreedor hacia el Estado, así como ajustar el Código Fiscal local para tipificar el impago alimentario como un crédito fiscal ejecutable mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE).

A nivel federal, la discusión no es completamente nueva. En el Congreso de la Unión se han presentado iniciativas impulsadas por diversas bancadas para crear Fondos Estatales de Garantía Alimentaria y dotar a las autoridades tributarias —como las secretarías de finanzas locales o el propio SAT— de facultades para rastrear cuentas bancarias, bienes no declarados e ingresos reales de los deudores. Sin embargo, estas propuestas continúan congeladas en comisiones sin lograr la viabilidad presupuestal necesaria. Y es que la clase política forma parte de este sector que no paga pensiones, en muchos casos.

El esquema sugerido por Héctor Macedo encuentra su principal referente en legislaciones europeas que operan bajo el principio de protección integral a la infancia. España cuenta con el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, administrado por el Ministerio de Hacienda y Justicia, el cual anticipa un monto mensual a las familias en vulnerabilidad tras acreditarse el impago judicial, asumiendo el Estado la cobranza coactiva frente al deudor.

En Francia, la Agencia de Recaudación y Cobro de Pensiones Alimenticias (ARIPA) actúa como intermediaria pública. Si el progenitor obligado no paga, la agencia adelanta el subsidio familiar y despliega mecanismos de embargo directo sobre nóminas o cuentas bancarias.

En México y en el Estado de México, los esfuerzos legislativos recientes se han concentrado principalmente en el endurecimiento de sanciones e inhibidores civiles, tales como la operación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y la Ley Sabina, los cuales restringen trámites como el trámite de pasaportes, licencias de conducir o el acceso a cargos de elección popular.

La propuesta de Héctor Macedo es interesante, debería formalizarla al encabezar el Poder Judicial local mas grande del país, pues abriría la puerta a una discusión indispensable: trasladar la carga de la ejecución del ciudadano al aparato ejecutor del Estado.

Atajos

Por la izquierda: Por cierto, Héctor Macedo, presidente del Tribunal Superior de Justicia; Fernando Díaz Juárez, presidente del Organismo de Administración, y Maricela Reyes, presidenta del Tribunal de Disciplina del Poder Judicial del Estado de México, presentaron junto a diversos abogados la Alianza Pro-Bono. Este esfuerzo conjunto busca formalizar, articular y dar certidumbre a la asesoría y representación jurídica gratuita en la entidad, garantizando que sectores en situación de vulnerabilidad tengan un acceso efectivo a la justicia a través del compromiso profesional de la comunidad forense.

El plan institucionaliza el trabajo social de barras, colegios y asociaciones de abogados para canalizar con mayor precisión la atención a personas que no cuentan con los recursos económicos para costear una defensa legal privada. Con ello se busca abatir el rezago en litigios de alto impacto social, priorizando asuntos del orden familiar, civil y mercantil donde la falta de representación técnica perpetúa condiciones de desventaja o indefensión.

Asimismo, el esquema contempla mecanismos de supervisión y coordinación técnica para que las causas asumidas bajo esta modalidad cuenten con los más altos estándares de calidad y ética profesional. Durante el anuncio, las autoridades judiciales destacaron que el fortalecimiento del trabajo Pro-Bono no solo desahoga la carga operativa de los juzgados al consolidar defensas sólidas desde el inicio, sino que consolida un modelo de justicia corresponsable donde la función social del derecho se coloca al servicio de la sociedad mexiquense.

Por la izquierda2: El senador Higinio Martínez Miranda expresó públicamente su intención de presidir la Mesa Directiva del Senado de la República para el próximo periodo legislativo. El legislador destacó que sus más de ocho años de experiencia en la Cámara Alta y una trayectoria parlamentaria sin quejas sobre su desempeño respaldan su aspiración para asumir la conducción de los trabajos en la Cámara de Senadores.

En sus declaraciones, Martínez señaló que ya ha comenzado el diálogo formal para sumar apoyos, iniciando con sus compañeros de bancada en morena y buscando extender la interlocución hacia las distintas fuerzas políticas, incluidas legisladoras de oposición como Lilly Téllez, con quien se le vio platicando en el Senado. Descartó que haya otro tipo de acuerdos o plática con ella, simplemente la conoce desde que formó parte de la bancada morenista. Además, explicó que se encuentra en coordinación con el senador Ignacio Mier para dar seguimiento al proceso de selección entre las opciones interesadas, reafirmando que mantiene una relación institucional y fluida con todos los grupos parlamentarios.

Finalmente, el legislador mexiquense subrayó la importancia de evitar disputas internas y garantizar la unidad en la elección de la directiva. Mencionó alternativas como la postulación del senador Oscar Cantón Zetina, asegurando que el objetivo principal es alcanzar una propuesta de consenso respaldada por unanimidad en el Pleno, independientemente de quién resulte designado para encabezar el órgano directivo.