Callejón Informativo

Por: José Alam Chávez Jacobo

• Michoacán: El miedo de morena se viste de ley para frenar a Grecia Quiroz
• El traje a la medida contra el «Movimiento del Sombrero»
• La partidocracia contra los independientes: El caso Grecia Quiroz y Alfonso Martínez
• Tlalnepantla: Epicentro de la 4T mexiquense el 31 de Mayo
• La reforma de UAEMéx del 2005 

Lo ocurrido en las últimas horas en el Congreso de Michoacán dejó de ser un asunto meramente local para convertirse en un tema de impacto nacional. La aprobación de la reforma al Código Electoral en aquella entidad no es una simple actualización de reglas del juego; es la confirmación de que en Morena y sus aliados existe un temor fundado de perder el control político y, eventualmente, la gubernatura en 2027.

La urgencia con la que operaron la aplanadora legislativa delata que el oficialismo prefiere mutilar derechos ciudadanos antes que competir en libertad contra liderazgos emergentes.

Para entender la dimensión del golpe hay que hablar con absoluta claridad sobre qué se aprobó y cómo se ejecuta este bloqueo. La reforma desmantela por completo la figura de las candidaturas independientes bajo un esquema de asfixia operativa. A partir de ahora, la ley les prohíbe de forma estricta compartir plataformas políticas, diseñar estrategias de comunicación conjuntas, unificar propaganda o utilizar símbolos y emblemas colectivos.

El mensaje de los diputados es demoledor, pero con clara dedicatoria al “Movimiento del Sombrero”, identificado con Carlos Manzo y ahora con Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, toda vez que los independientes deben competir completamente aislados.

Al prohibir el uso de símbolos compartidos, la ley busca borrar de las boletas el icónico sombrero, una marca colectiva que les dio identidad y un arrastre popular histórico en la región. El fondo de la reforma no es «poner orden», sino fracturar la estructura territorial en red que Quiroz ya comenzaba a tejer rumbo al 2027, impidiendo que una candidatura a la gubernatura se coordine operativamente con aspirantes a alcaldías y diputaciones bajo la misma identidad.

El absurdo de esta reforma salta a la vista cuando se revisa la historia reciente del estado. En Michoacán, las candidaturas independientes no son un experimento fallido ni una simulación, sino una vía democrática que ya ha dado frutos memorables. Habría que recordarles a los legisladores de la actual mayoría el histórico «boom» de esta figura, cuando Alfonso Martínez Alcázar hizo historia al ganar en 2015, de forma independiente, la presidencia municipal de Morelia, la capital del estado.

Aquel hito demostró que la ciudadanía puede organizarse con éxito y gobernar fuera del yugo partidista. Hoy, ante el pánico de que ese fenómeno se replique y se extienda a nivel estatal con la fuerza de la «sombreriza», el sistema prefiere dinamitar el camino que Martínez Alcázar inauguró con éxito.

El impacto de este albazo legislativo provocó reacciones inmediatas fuera de las fronteras estatales. El excandidato presidencial y actual dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, anunció que promoverá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar este atropello.

Más allá de la narrativa jurídica, y de la decisión que ya se espera por adelantado en la Corte, este movimiento deja ver una clara estrategia de solidaridad política hacia el “Movimiento del Sombrero”, buscando capitalizar el descontento ciudadano frente a los excesos del oficialismo.

Aquí es donde el escenario se vuelve complejo para Grecia Quiroz, quien se encuentra atrapada en una encrucijada de alta presión. Por un lado, diversos partidos de oposición le han abierto las puertas, buscando arropar su capital político en Uruapan; sin embargo, en el fondo, estas cúpulas partidistas solo cuidan sus propios intereses y buscan un tanque de oxígeno electoral. No perdamos de vista el caso de Alfonso Martínez.

Tras gobernar Morelia sin partido (2015-2018) y perder la reelección en 2018 frente a la ola de Morena, Alfonso Martínez entendió que competir con la pura estructura ciudadana tenía un techo frente a las maquinarias partidistas. Para 2021 decidió regresar al PAN —que abandonó en 2014 para ser abanderado independiente en 2015— y competir arropado nuevamente por el PAN y el PRD, logrando recuperar la capital del estado y mantenerse en el cargo.

Este precedente es clave para el escenario actual: demuestra que la partidocracia michoacana sabe «absorber» a los perfiles independientes más competitivos cuando el juego se cierra. Es exactamente la misma disyuntiva que hoy la reforma de Morena le impone a Grecia Quiroz: obligarla a dejar la pureza del «independiente» para forzarla a refugiarse en las siglas de la oposición si quiere sobrevivir en 2027.

La reforma impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien de inmediato salió públicamente a presumir la decisión del Congreso, pretende orillar a Grecia Quiroz a tomar una decisión de alto riesgo: ceder a la vía de los partidos tradicionales —perdiendo la esencia ciudadana y pura que dio origen a su movimiento— o aceptar las reglas de un juego tramposo, compitiendo de manera aislada con el riesgo sistémico que ello implica.

Todo esto ocurre en un contexto sumamente enrarecido y violento. No se puede olvidar que Grecia Quiroz asumió el liderazgo del movimiento tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, fundador de la organización. Un crimen que sigue siendo una herida abierta y donde las líneas de investigación no han descartado el móvil político, al grado de que la Fiscalía General del Estado de Michoacán citó a declarar como testigo al exgobernador Leonel Godoy Rangel, debido a los duros señalamientos y la frontal confrontación que el hoy fallecido mantenía con figuras del oficialismo.

Al intentar sepultar al «Movimiento del Sombrero» con leyes mordaza, Morena en Michoacán no hizo más que exhibir su debilidad y enviar una señal de alerta a todo el país: cuando el poder tradicional se siente amenazado por el voto ciudadano independiente, es capaz de usar las instituciones para silenciar las urnas.

Así es que veremos hacia dónde va la batalla y si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo responde al mensaje que desde ayer le envió Grecia.

Estemos atentos.

ATAJOS 

Por la izquierda: Al calor de las discusiones sobre el anteproyecto de reforma a la Ley de la UAEMéx, a más de uno en el edificio de Rectoría y el entorno público se nos pasó un dato histórico fundamental. Se ha repetido con insistencia la narrativa de que la máxima casa de estudios mexiquense lleva más de 30 años sin una reforma de gran calado —tomando como único referente el texto original publicado en la Gaceta del Gobierno el 3 de marzo de 1992—. Sin embargo, la memoria es selectiva: en 2005 se impulsó y concretó una reforma integral operada jurídicamente por Jorge Olvera García, quien en ese momento se desempeñaba como abogado general de la institución.

Aquella modificación del 2005 no fue un asunto menor; implicó un intenso cabildeo directo en las comisiones dictaminadoras y con los coordinadores parlamentarios en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local. De ese paquete normativo emanaron temas cruciales como las reglas para la elección del rector y la histórica expedición de 20 reglamentos internos que modernizaron la vida institucional, incluyendo la creación de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Aunque el Periódico Oficial registre parches menores —el último de ellos el 22 de junio de 2023—, la estructura que hoy sostiene a la UAEMéx se reconfiguró en 2005. Para muestra, un botón: las reglas vigentes del Artículo 26, que fijan los alcances de los directores de facultades, centros universitarios y prepas, se moldearon justamente en esa reforma del 2005. Desde entonces se estableció que los directores duran cuatro años y tienen prohibido reelegirse o brincar a la dirección de otro plantel (inciso a). El único camino ascendente que se les dejó libre «en cualquier momento» es competir por la Rectoría, obligándolos a separarse del cargo bajo los plazos legales. Querer borrar el peso de la reforma del 2005 para justificar el actual anteproyecto es un error de cronología; esa modificación sí tocó las estructuras del poder universitario y sus efectos siguen vigentes.

“ARTICULO 26.- El Director de cada Organismo Académico, Centro Universitario y de plantel de la Escuela Preparatoria, es la mayor autoridad ejecutiva interior, su representante ante otras instancias de la Universidad, y Presidente de su Consejo de Gobierno y órganos académicos colegiados correspondientes. No podrá separarse o ser removido del mismo, sino en los términos previstos en la reglamentación aplicable. Será electo para un período de cuatro años, entrando en ejercicio previa toma de protesta ante el Consejo Universitario. El acceso al cargo, requisitos para ocuparlo, facultades y obligaciones y demás disposiciones correlativas, se consignarán en el Estatuto Universitario y reglamentación derivada”.

Por la izquierda2:El municipio de Tlalnepantla fue definido como la sede oficial en el Estado de México para la concentración masiva del próximo 31 de mayo, marco en el cual la llamada Cuarta Transformación mexiquense dará seguimiento al mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de la celebración por los dos años de su triunfo electoral y en defensa de la soberanía nacional.

La definición del recinto se concretó la tarde de ayer durante una reunión de trabajo encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en la que se dieron cita liderazgos clave, integrantes del gabinete estatal y una parte de la estructura de alcaldes y legisladores locales de Morena y partidos aliados. Esto, luego de la instrucción de la titular del Ejecutivo federal de disponer de un espacio de enlace en cada una de las 32 entidades del país.

No obstante, la convocatoria del oficialismo mexiquense registró notables ausencias obligadas por la agenda nacional. Destacó que los diputados federales de la entidad no pudieron asistir al encuentro en la capital del estado debido a que se encontraban bajo llave en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Los legisladores federales atendían la sesión del periodo extraordinario, convocada específicamente para la discusión y aprobación en lo general del paquete de reformas constitucionales impulsado por la Presidencia de la República.

Dicho paquete extraordinario abarca cuatro dictámenes de alta prioridad para el oficialismo, destacando la modificación al calendario de la reforma judicial para aplazar la elección de jueces y magistrados hasta el año 2028, así como las nuevas causales para decretar la nulidad de una elección en caso de comprobarse intervención extranjera.

Bajo este escenario, y de manera paralela al cabildeo en el Congreso de la Unión, la clase política del Estado de Méxicocomenzó formalmente la operación logística y territorial para concentrar el grueso de sus bases el próximo fin de semana en el Valle de México, consolidando a Tlalnepantla como el epicentro del mensaje presidencial de la 4T en la demarcación más poblada del país.