Callejón Informativo
Por: José Alam Chávez Jacobo
- El Riesgo de la «Marca Personal» en Seguridad Pública
- Estrategia de redes sociales de Cristóbal Castañeda en el filo de la violación a la ley
- La Constitución prohibe la difusión personalizada de funcionarios públicos
- Habrá que leer con claridad el 134 y definir si habría responsabilidades
- Ven ciudadanos a Ricardo Moreno con perfil para ser candidato a reelección
- La inclusión «no puede seguir siendo opcional ni simbólica”, establece Alejandro Castro
- Recibe JUCOPO Cuenta Pública 2025
La actual estrategia de comunicación de la Secretaría de Seguridad del Estado de México ha cruzado una línea delicada: la que separa la difusión de acciones institucionales de la construcción de una imagen personalizada.
Los asesores de imagen del secretario Cristóbal Castañeda Camarillo podrían estar, paradójicamente, convirtiéndose en sus principales detractores legales. Al centrar la narrativa visual y discursiva en la figura del titular —con videos en cuentas oficias de redes sociales que exaltan su «humanismo» y «disciplina» por encima de los resultados de la corporación—, están colocando al funcionario en la antesala de una violación directa al Artículo 134 Constitucional.
En las ultimas semanas se colocaron videos en redes sociales del secretario de Seguridad, donde sobresale su figura, incluso la “cortinilla” de cierre de spots, se centra en el nombre de dicho funcionario. Es claro que el secretario no sabe lo que ocurre, pues su materia es otra, no la publicidad.
La ley es clara: la propaganda gubernamental no debe ser vehículo de promoción personal. La insistencia en una «marca propia», con logotipos personalizados y una narrativa de «héroe central», no solo alimenta posibles quejas ante el tribunal electoral por uso indebido de recursos públicos, sino que genera una distorsión política en el gabinete mexiquense.
A menos que la intención sea, precisamente, posicionar a Castañeda de manera electoral por encima del resto de los secretarios —o incluso de la propia gobernadora Delfina Gómez—, la estrategia resulta un error de cálculo.
Si el objetivo es informar, sobran los adjetivos y los encuadres cinematográficos sobre la persona. Si el objetivo es posicionar, entonces el equipo de comunicación está exponiendo al Secretario a un desgaste jurídico y político innecesario.
La seguridad pública requiere resultados colectivos, no estrellas mediáticas que eclipsen la investidura institucional de quien encabeza el Ejecutivo.
El mandato de la Carta Magna es tajante: la propaganda gubernamental debe ser institucional, informativa y educativa. El uso de logotipos donde el nombre del Secretario parece competir en jerarquía visual con el escudo de la dependencia no es un descuido de diseño.
La comunicación oficial debería ser de datos, pero aquí, la narrativa se vuelve adjetiva. Al describir la labor del funcionario como «firme, disciplinada y humana», nos alejamos del informe de gestión para entrar en el terreno de la exaltación de virtudes, recurso clásico de las campañas de imagen, no de la administración pública.
La Sala Superior del TEPJF ha sido clara: atribuir la «tranquilidad de las familias» a la presencia física de un individuo desplaza el mérito de toda una corporación hacia una sola figura.
¿Por qué caminar por esta frontera jurídica en el Estado de México que, aunque parezca lejano, ya empieza a ser observado bajo la óptica de los procesos de 2027?
La Jurisprudencia 12/2015 del TEPJF establece tres elementos para configurar la promoción personalizada: el personal (voz/imagen), el objetivo (posicionamiento) y el temporal.
En fin, la seguridad pública en el Estado de México —una de las demandas más sentidas de la población— requiere instituciones sólidas, no «estrellas» mediáticas.
Al final, la pregunta para los órganos electorales y para la propia ciudadanía es simple. ¿Estamos viendo un informe de resultados de seguridad o la construcción de una candidatura desde el aparato estatal?
Sigamos atentos.
Atajos
Por la izquierda: La ex síndica de Toluca, América Rivera Tavizón, y el ex regidor Adán Piña ven como única figura política para contender en el 2027 al actual presidente Municipal, Ricardo Moreno Bastida.
Durante la presentación de la asociación civil, “Con el Alma Vamos de la Mano”, Rivera Tavizón aseguró que sigue haciendo política con Morena y que esta es otra manera de ayudar a la gente.
Al hablar de temas políticos, concretamente de Toluca, afirmó que ve muy posible la reelección del presidente municipal morenista, Ricardo Moreno; sin embargo, señaló que al final serán los ciudadanos quienes definirán el rumbo hacia el 2027.
La también integrante de “Mexiquenses de Corazón” —facción partidaria del senador Higinio Martínez— expresó que, por el momento, no ve a nadie más para contender por la alcaldía de la capital mexiquense por Morena. No obstante, precisó que habrá que esperar los resultados de las encuestas.
Cuestionada sobre su interés en buscar un cargo de elección popular el próximo año, comentó que no tiene interés en participar.
“En este momento no. He tenido la pretensión de ser diputada, ya lo fui, pero en este momento no”, concluyó.
Por el centro: El diputado local del PRI, Alejandro Castro Hernández, presentó una iniciativa que busca elevar el estándar de accesibilidad en el Estado de México, pasando de la simple voluntad política a la obligación tecnológica. La propuesta exige que los espacios públicos estatales integren bucles magnéticos, sistemas FM y transcripción en tiempo real, herramientas esenciales para la población con discapacidad auditiva.
Para Castro Hernández, la inclusión «no puede seguir siendo opcional ni simbólica». La reforma legal obligaría a que auditorios, oficinas de atención ciudadana y edificios gubernamentales adapten su infraestructura para que las personas con auxiliares auditivos reciban el sonido de forma nítida, sin ruido ambiental, garantizando así su derecho a la información y a la participación ciudadana. Con esto, el GPPRI busca posicionar una agenda de vanguardia técnica frente a la tradicional visión de asistencia social.
Por la izquierda2: La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso local recibió de manos del secretario de Finanzas, Oscar Flores Jiménez, la Cuenta Pública 2025 del Estado de México, cumpliendo con los plazos legales establecidos para la fiscalización del gasto público.
Durante el acto protocolario, Paco Vázquez Rodríguez, el presidente de la JUCOPO destacó que este documento integra el registro detallado de las decisiones financieras, las obras ejecutadas y el destino de los recursos estatales durante el último ejercicio fiscal, con el fin de iniciar su análisis formal dentro de las comisiones legislativas correspondientes.
Vázquez señaló que el documento no solo representa el cumplimiento de un requisito administrativo, sino que funciona como la base técnica para evaluar el impacto real de las políticas públicas en el bienestar de las familias mexiquenses. Bajo los principios de transparencia y austeridad que rigen la actual administración -afirmó- el Congreso local procederá a revisar que cada peso ejercido se haya traducido en acciones concretas, garantizando que el proceso de rendición de cuentas se mantenga como un compromiso directo con la ciudadanía y la justicia social en la entidad.
