¿EL FIN DEL EQUILIBRIO?

¿EL FIN DEL EQUILIBRIO?

Por: Ricardo Moreno Bastida
presidente Municipal de Toluca

La historia de las democracias liberales puede leerse, en buena medida, como la historia de un esfuerzo permanente por contener el poder. No fue una idea nacida desde la comodidad de los gobernantes, sino desde la inquietud de quienes comprendieron que el poder absoluto, sin límites, termina por devorar incluso a quienes alguna vez le sirvieron.

Los grandes pensadores de la Ilustración del siglo XVIII no construyeron sus teorías en un vacío. Vivían bajo el predominio de las monarquías absolutas y buscaban sustituir un régimen en el que la voluntad del soberano era prácticamente incuestionable. De esa necesidad surgió la propuesta de Montesquieu: dividir el poder para que ninguna institución pudiera concentrarlo por completo. Los pesos y contrapesos se convirtieron así en el fundamento de las democracias constitucionales y, posteriormente, de las monarquías parlamentarias y las repúblicas modernas. Se trataba de reemplazar al gobernante “elegido por Dios” por autoridades legitimadas por la representación popular, pero sujetas a límites claros.

Sin embargo, esa idea nunca estuvo exenta de críticas. Henry Kissinger, en La diplomacia, observa que el equilibrio del poder no surge desde la fortaleza, sino desde la debilidad. Es una fórmula concebida por quienes carecen de la fuerza suficiente para imponerse y, por ello, buscan establecer reglas que impidan la hegemonía de un solo actor. En otras palabras, el equilibrio del poder es, en esencia, una exigencia de las minorías frente a las mayorías.

La pregunta de fondo permanece vigente: ¿puede el poder contenerse a sí mismo? La tradición liberal respondió afirmativamente al confiar en instituciones, constituciones y leyes capaces de racionalizar el ejercicio del poder. De ahí nacieron principios considerados prácticamente intocables, como la supremacía constitucional y las llamadas cláusulas pétreas, diseñadas para impedir que una mayoría circunstancial destruyera el propio orden democrático que la hizo posible.

Pero el siglo XXI ha comenzado a desafiar muchos de esos postulados. La globalización ha diluido las fronteras tradicionales del Estado; la soberanía ya no se ejerce únicamente desde los gobiernos nacionales, sino que convive con organismos supranacionales, corporaciones tecnológicas y actores económicos cuya capacidad de influencia supera, en ocasiones, la de numerosos países. Los centros de poder se han multiplicado y, con ello, también las preguntas sobre quién gobierna realmente y bajo qué límites.

En consecuencia, conceptos que durante más de dos siglos parecían inamovibles —soberanía, democracia, equilibrio del poder y supremacía constitucional— atraviesan una etapa de revisión. No necesariamente porque hayan dejado de ser valiosos, sino porque fueron concebidos para un mundo radicalmente distinto al actual. La política, como siempre, terminó alcanzando a las instituciones.

Repensar estos principios no significa renunciar a ellos. Significa preguntarnos si siguen siendo suficientes para responder a los desafíos de nuestro tiempo o si requieren nuevas formas de interpretación que preserven su esencia sin ignorar la realidad contemporánea. Toda generación enfrenta la responsabilidad de actualizar sus instituciones antes de que la historia lo haga por ella.

Paradójicamente, mientras el mundo discute cómo adaptar la democracia a los nuevos tiempos, resurgen propuestas que evocan un pasado que parecía definitivamente superado. La idea de restringir el derecho al voto únicamente a los jefes de familia rompe con uno de los pilares sobre los que se edificó la democracia liberal: el principio de que cada ciudadano vale políticamente lo mismo que cualquier otro. Ese principio —un ciudadano, un voto— representó la derrota histórica del privilegio aristocrático y la afirmación de la igualdad política.

Quizá el verdadero debate de nuestra época no sea si las democracias liberales están en crisis. Lo verdaderamente trascendente es definir qué estamos dispuestos a conservar de ellas y qué estamos dispuestos a transformar. Porque toda reforma democrática puede fortalecer la libertad… o convertirse, sin advertirlo, en el camino de regreso hacia los privilegios que la democracia nació precisamente para superar.