HUACHICOL DEL AGUA

El “huachicol del agua”

Por: Mónica Fragoso

 

El pasado lunes, los llamados piperos salieron a las calles de México para protestar. Son quienes, con sus pipas, abastecen a miles de familias que no reciben agua de manera regular; sin embargo, muchos de ellos extraen el líquido de pozos clandestinos, sin control, sin permisos, y sin garantía de calidad. Su protesta puso sobre la mesa un tema que nos alcanza a todos, el huachicol del agua, una expresión de la desigualdad estructural y de la crisis de gobernanza que enfrenta nuestro país.

 

No se trata de unos cuantos pozos, se trata de una red de informalidad, complicidad, necesidad y vacío institucional. Según datos de la CONAGUA, hay más de 292 pozos ilegales detectados en 24 estados del país, de los cuales 175 siguen operando; sin embargo, las estimaciones extraoficiales elevan la cifra a más de 15 mil pozos clandestinos. En el Valle de México, donde los acuíferos están severamente sobreexplotados, cada extracción irregular agrava el déficit hídrico y pone en riesgo a comunidades enteras.

 

La paradoja es brutal, el agua —el recurso más esencial para la vida— se ha convertido en un negocio, despiadado, desigual y sin rostro. Lo que debería ser un derecho humano garantizado se ha transformado en una mercancía regulada por la necesidad y la desesperación. El agua no es un privilegio, es un derecho constitucional.

 

En el Estado de México, la sobreexplotación de los acuíferos de Toluca, Lerma y Valle de Bravo está llevando a un escenario de colapso hídrico. No es una crisis natural, es una crisis política y moral, porque cuando el agua se vende en la calle al mejor postor, el derecho se evapora; cuando los ciudadanos pagan por sobrevivir, mientras los acuíferos se agotan, el Estado deja de ser garante del bien común y se convierte en un espectador de su propio vacío.

 

Los piperos son el rostro visible de un sistema roto,abastecen donde el Estado no llega, pero el problema no es sólo la ilegalidad, sino la normalización del caos. En muchas comunidades, pagar por una pipa es tan cotidiano como pagar la luz; la diferencia es que la Constitución dice que el agua no se compra: se garantiza.

 

Hablar del agua no es hablar de sequías: es hablar de poder. Quien controla el agua, controla el desarrollo, la salud y la estabilidad de un territorio; por eso, la política hídrica no puede seguir siendo una agenda técnica, sino una prioridad nacional.

 

El tema del agua no es una crisis por venir, ya está aquí; lo que hoy vivimos con los piperos, los pozos clandestinos y las protestas es apenas la antesala de un conflicto mayor si no actuamos con visión y responsabilidad colectiva. El agua será, en los próximos años, la frontera real de la justicia social y de la paz, porque al final, defender el agua no es defender un recurso: es defender el alma de un país.